Este 8 de marzo además de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se cumplen 4 meses de la desaparición de la defensora de los bosques nativos Julia Chuñil Catricura de quien se ha perdido todo rastro desde el 8 de noviembre de 2024, en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos.

 

Su familia, amigos, activistas y defensores ambientales y de derechos humanos reunidos en el Espacio Día a Día por Julia han contado cada día de desaparición de esta mujer de origen mapuche, de 72 años que salió como solía hacerlo, en busca de unos animales que no habían regresado a los corrales; Julia criaba bovinos y ovejas además de aves domésticas y cultivaba también un huerto con sus verduras y hortalizas; su vida era autosustentable en una tierra que había sido recuperada por la Reforma Agraria, tierras expropiadas entre los fines de los años 60 y comienzos de los 70; la dictadura civil militar con su política restauradora del latifundio volvió muchas de esas tierras a los grandes propietarios;

 

es así como cerca de 900 hectáreas vuelven a manos de Juan Carlos Morstadt Anwandter un terrateniente cuyos antepasados ya a fines de los años 1800 compraban tierras indígenas a precios irrisorios según los documenta Manuel Lagos Mieres en su libro Colonos a sangre y fuego (CEIBO Ediciones). En sus faenas Julia arreaba sus animales con sus perros, sus fieles y perfectos ayudantes. Ellos eran capaces de hacer bajar sus animales, subiendo por terrenos escarpados y de difícil acceso para las personas y más para ella, una mujer mayor. Solo volvieron los dos perros más grandes. El cachorro Cholito desapareció junto a Julia ese 8 de noviembre; tampoco se ha encontrado el machete que ella usaba para abrirse camino entre matorrales y la espesura del bosque nativo que cuidaba y resistía su tala ambicionada por el empresariado forestal colindante.

 

Los inicios del conflicto

 

En su historia de ir y devenir de esas casi 900 hectáreas, está el hecho que la CONADI de Los Ríos compró a Morstadt esas tierras y las entregó a la Comunidad de Lautaro Blanca Lepin quienes al no cumplirse con las condiciones pactadas, se retiraron de las tierras y documentaron este hecho en la Contraloría Regional de Los Ríos. Esta controversia también fue vista en los Tribunales de Justicia; estos últimos habían dictaminado el reintegro de los recursos públicos percibidos por Morstadt. Una onerosa suma de más de mil 100 millones de pesos dado que este empresario forestal reclamó la devolución de esas tierras y la CONADI se lo concedió. Es en ese proceso de retiro de la Comunidad de Lautaro y entendiendo que esas tierras habían sido declaradas indígenas, que Julia ingresa al predio con la Comunidad Putreguel que ella presidía, a ocupar un terreno que había sido recuperado legalmente por la entidad estatal uno de cuyos propósitos es respetar, proteger y promover el desarrollo de las comunidades indígenas y por tanto, sus derechos sobre tierras ancestrales para la concreción de la vida comunitaria.

 

Sin embargo, la CONADI jamás informó a Julia que había restituido la totalidad del terreno a Juan Carlos Morstadt en el 2018, año en el que el empresario inició una serie de hostigamientos, amenazas y asedios contra Julia Chuñil a quien a través de sus hijos le ofrecía dinero para resolver según él, “el problema por la buena”, de lo contrario, tendría que entrar a actuar y resolverlo “a la mala”. De ahí que Julia indicó a sus hijos “si algo me pasa, ustedes ya saben quién fue”. Hubo una escalada de violencia sobre Julia que partieron con amenazas verbales, mensajes para quebrantar su voluntad de permanecer en el terreno recuperado a cambio de dinero y otros “recados” que suponían peligros para su vida como el intento de quemar su casa; la ruptura de los pilotes de un puente para que la caída pareciera accidente, cortar un camino con retroexcavadora, entre otros hostigamientos.

 

En entrevista con el periodista alemán Malte Seiwert que publicó su artículo en el “ND e Journalismus von links” el 11 de febrero 2025, la abogada de Juan Carlos Morstadt, Carole Montory, señala que su cliente no tiene relación alguna con la desaparición de Julia y ofreció acciones legales contra quienes lo responsabilizan.

 

Este 8 de marzo 2025, a 4 meses de la desaparición de Julia Chuñil Catricura es necesario reiterar con fuerte convicción que el Estado es responsable de lo que aquí ha acontecido; el deplorable actuar de la CONADI que ya vemos tiene un patrón que se repite porque una historia similar de recuperación de tierras devueltas al empresariado forestal sin comunicar a quienes entendían eran sus dueños, tiene a otra mujer, también indígena y de la tercera edad Francisca Curihuinca Calcumil presa en la cárcel de Temuco Forestales Arauco y Mininco de robo de madera, querella de la que se hace parte el Ministerio del Interior. El Tribunal de Freire había dictaminado la devolución a Francisca de 114 hectáreas que la forestal reclamaba para sí. La CONADI procede a la devolución de las tierras sin comunicarle a Francisca. La diferencia es que Julia desapareció hasta el día de hoy y Francisca está presa, afectada de dolencias de una persona mayor: diabetes, presión arterial y otras que se manifiestan ante una situación de alto estrés como lo fue su detención y encarcelamiento; sin embargo, el procedimiento de la CONADI es el mismo.

 

El modelo de explotación forestal y de monocultivo en desmedro del bosque nativo, amparado en el Decreto 701 hecho por la dictadura y renovado por los gobiernos civiles, es un diseño no solo económico, sino también ideológico y represivo, que ha colocado al Estado en abierta persecución sobre los pueblos originarios y en particular sobre el pueblo mapuche lo que se ha traducido en detenciones arbitrarias, casi nulo derecho a la defensa, montajes digitados desde el mismo Ministerio del Interior como fue la Operación Huracán; el abuso de la prisión preventiva excesiva cuando se trata de comuneros mapuches; aislamiento de prisioneros, negación de sus derechos establecidos en el Convenio 169 de la OIT, aplicación de tortura, ejecuciones sumarias, “suicidios” que son homicidios, aplicación de leyes de excepción como los 3 años y contando con la militarización del territorio desde el Bío Bío a La Araucanía con miras a extenderlo a las regiones de Los Lagos y Los Ríos; aplicación de altas condenas a los presos políticos mapuches; atentados a oficinas y amenazas contra abogados defensores, entre otras expresiones que ha tenido la persecución del Estado que actúa en favor del empresariado forestal extractivista criollo. Por lo mismo, la desaparición de Julia Chuñil es una responsabilidad del Estado de Chile.

 

Los defensores de derechos humanos exigen que la Fiscalía y las policías cumplan con su rol de buscar a Julia hasta encontrarla y que se investiguen exhaustivamente las circunstancias de su desaparición. Se identifique a los responsables y a los autores intelectuales y materiales y se los lleve ante la Justicia. Esta democracia de los poderosos debe a lo menos probar ante la opinión pública que efectivamente, en Chile nadie está por sobre la ley, como se esfuerzan tanto en proclamarlo.