Por Juan Olivares, Periodista sanantonino, Licenciado en Comunicación Social.

 

Hoy no voy a pedirles empatía. Hoy voy a exigirles indignación.

 

Porque lo que está pasando en San Antonio no es solo un desalojo¹, es una muestra más de la hipocresía de un sistema que protege a los poderosos y aplasta a los más vulnerables. ¿Cómo es posible que en un país con un déficit de más de un millón de viviendas, donde miles de familias duermen en casuchas, hacinadas en campamentos, se priorice el derecho de una inmobiliaria sobre el derecho básico de tener un techo? ¿En qué Chile estamos viviendo?

 

La megatoma de San Antonio no es un capricho. Son casi 10 mil personas, 3.945 familias, que llegaron ahí porque no tenían otra opción. Familias que construyeron sus casas con sus propias manos, con los ahorros de toda una vida, con los bonos de la pandemia. Familias que, en su mayoría, viven en alta vulnerabilidad. El 90% no tiene otra vivienda. Un tercio son niños. ¿Y qué les dice el sistema? “Desalojen”. ¿Y qué les ofrece? Nada. Solo el frío cálculo de una inmobiliaria que quiere vender el terreno a 0,69 UF el metro cuadrado, es decir, a 68 mil millones de pesos. ¿Quién puede pagar eso? Claramente no las familias que hoy están ahí.

 

Un dato que hay que saber, las 256 hectáreas que se desalojan no corresponden a la toma, de hecho, esa superficie no es ni la mitad de los terrenos que están tomados. ¿Cómo lo sé? Porque yo mismo escribí un reportaje hace tres años cuando ya eran más de 500 hectáreas entre San Antonio y Cartagena, entonces este desalojo ni de cerca resuelve el problema.

 

Este dato te lo quiero dejar a ti que vives en casa pareada o en algunos de los modestos barrios de San Antonio y que te gusta sacar la voz para que los echen a todos. Porque el desalojo no es para todos, tienes que saberlo. El desalojo no toca a Cartagena, tampoco a Placilla ni a la toma de la ballena de Pelancura, ni los terrenos que se tomaron el 30 de Marzo ni tampoco las tomas del Camino Viejo a Santiago, así que no, no resuelve el problema.

 

Así que no pues, la ley no es igual para todos por lo que veo. Porque tanto que odiamos a las tomas pero nos quedamos calladitos cuando los usurpadores son los dueños de Chile, ahí no gritamos.

 

Pero, claro, cuando se trata de los más pobres, la ley se aplica con todo su rigor. No hay contemplaciones, no hay soluciones, no hay tiempo. Sin embargo, cuando se trata de los más ricos, la justicia se vuelve flexible, comprensiva, incluso cómplice. ¿Dónde estaba el rigor de la ley cuando se rescató a las Isapres a vista y paciencia de todos los chilenos?

 

¿Dónde estaba el Estado cuando se regalaron las riquezas del mar a siete familias con la ley de pesca? Con la corrupta Ley de Pesca ¿Dónde están los que hoy exigen el desalojo cuando se subsidia con 70 mil millones de pesos a las empresas forestales, cuyos dueños están entre los más ricos del país?

 

MOVIMIENTO DE POBLADORES

 

Aquí hay un doble estándar que no podemos seguir tolerando. Cuando se trata de los poderosos, el Estado se hace el desentendido, silba una canción y mira para el techo. Pero cuando se trata de los pobres, ahí sí se aplica la ley con todo su peso. ¿Acaso no ven la injusticia? ¿No les parece obsceno que en un país donde el 1% más rico concentra la riqueza, se les niegue a miles de familias la posibilidad de tener un hogar?

 

Y no me vengan con el cuento de que “las tomas son ilegales”. San Antonio, como gran parte de Chile, creció a punta de tomas de terrenos. Cerro Placilla, Bellavista, Cristo Rey, la Población 30 de Marzo, todos esos barrios sanantoninos fueron tomas en su momento. ¿Por qué ahora sí es un problema? ¿Por qué ahora sí hay que aplicar la ley? Porque no es un problema de legalidad, es un problema de desigualdad. Es un problema de un sistema que prioriza el lucro de unos pocos sobre las necesidades de muchos.

 

El gobierno intenta mediar, buscar soluciones, pero la verdad es que esto no se resuelve con parches. Se resuelve con políticas públicas serias, con una reforma tributaria que haga que los más ricos paguen lo que les corresponde, con una distribución de la riqueza que permita construir viviendas dignas para todos. Pero, claro, eso no conviene a los que mandan en este país. A los que prefieren seguir acumulando fortunas mientras miles de familias viven en la precariedad.

 

Así que no, hoy no les pido empatía. Les exijo rabia. Les exijo que no se queden callados ante esta injusticia. Porque el desalojo de la megatoma de San Antonio no es solo un problema de esas 10 mil personas. Es un problema que nos afecta a todos. Es el reflejo de un Chile fracturado, desigual, donde la justicia solo existe para algunos.

 

Y mientras escribo esto, pienso en los niños de la megatoma. En esos miles de rostros que crecen entre escombros y fosas, sin alcantarillado, sin certezas. Pienso en sus risas que, a pesar de todo, aún resuenan en medio de la adversidad. Pienso en sus padres, que cada noche se acuestan con el miedo de que al día siguiente les quiten lo poco que tienen.

 

¿Qué les diremos a ellos? ¿Qué les diremos cuando nos pregunten por qué no hicimos nada? Porque esto no es solo un desalojo, es el desgarro de un sueño, el quiebre de una esperanza. Y si hoy no actuamos, si hoy no nos indignamos, mañana seremos cómplices de un sistema que prefiere ver caer a los más débiles antes que tocar los privilegios de unos pocos. Por ellos, por los que no tienen voz, por los que solo piden un lugar donde vivir, no podemos quedarnos callados. Porque en sus historias está la verdadera cara de Chile, y esa cara merece algo mejor que el olvido.

 

A ti te digo sanantonino, a ti te hablo sanantonina ¿Acaso se te olvidó dónde te criaste? ¿Ya no te acuerdas dónde se criaron tus padres, dónde vivían tus abuelos? Que las cuatro chauchas que tenemos en los bolsillos o el auto donde paseamos nuestra pobreza aspiracional no nos nuble el juicio porque estamos mucho más cerca de nuestros vecinos de las tomas que los dueños del terreno. Esos que viven en un Chile al que nunca nos han invitado.

 

¹ La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el miércoles 26 de febrero la solicitud de suspender el desalojo de la megatoma en San Antonio. La resolución establece que el desalojo, quedará en pausa por los próximos seis meses, contados a partir del 27 de febrero.